INICIANDO UN CAMINO HACIA LA COMPRENSIÓN DEL NEURODERECHO (PARTE I)

Herberto Fermín Espinosa

Abogado Diplomado en Neurociencia Clínica aplicada al estudio y abordjes de los trastornos de la personalidad y laspsicopatías, Sociedad Argentina de trastornos de la Personalidad y Psicopatías (SATP) 2020Formosa, República Argentinahfe055@gmail.com

El sustrato material de la inimputabilidad es el estado de hecho psiquiátrico-psicológico el cual no resulta suficiente para determinar la imputabilidad jurídica. Es que la inimputabilidad y la enfermedad mental no son conceptos unívocos1, pues no existen límites precisos y generales que fijen una determinada capacidad psíquica de culpabilidad. Por el contrario, una misma condición psíquica del autor puede ser suficiente para comprender la antijuridicidad de un delito que no exija una elevada capacidad de pensamiento –piénsese el caso de un delito doloso contra las personas- y resultar insuficiente para comprender el contenido de injusto de delitos económicos de mayor complejidad, que requieren una mayor capacidad de pensamiento.

1.1.-Causas de inimputabilidad: Insuficiencia y alteración morbosa de las facultades.

La insuficiencia y la alteración morbosa de las facultades excluyen la imputabilidad cuando impiden al agente comprender la criminalidad del acto o dirigir su acción conforme a dicha comprensión. En su acepción más amplia y moderna se considera a la alteración morbosa de la personalidad del agente como la alteración enfermiza o enfermedad que afecta al ser humano en su totalidad psicofísica (no sólo en su aspecto intelectual), sin que se requiera que dicha alteración sea encasillada en algunas de “las entidades nosológico-psiquiátricas” específicas2. Cuando la ley habla de la insuficiencia de las facultades se refiere a la falta de crecimiento o de desarrollo de estas en consideración a la edad del agente, es decir, a la existencia de una discordancia entre la edad biológica y su desarrollo intelectual, volitivo y afectivo. La ley o solo se refiere a las facultades mentales, sino a aquellas que abarcan toda la personalidad quedando comprendidas las insuficiencias permanentes o transitorias, ya san patológicas o no

1.3- La intensidad de la perturbación de la conciencia: Claro está que el nivel de desarrollo alcanzado debe determinar la incapacidad del sistema psíquico de interactuar con el mundo de manera efectiva a fin de intelectualizar los elementos del tipo objetivo-comunicativo3 o, dicho de otro modo, que la personalidad no alcance el nivel de integración requerido para que la consciencia se desarrolle en forma relativamente adecuada a las condiciones del medio4.

Tanto la alteración morbosa de las facultades como su insuficiencia se traducen en una perturbación de la conciencia pero su simple constatación no basta para la declaración de inimputabilidad, pues resulta necesario que como consecuencia de dicha circunstancia el sujeto no haya podido comprender la criminalidad o la dirección de las acciones. Por ello, la mediana oligofrenia, la portación de una personalidad psicopática5, la drogadicción6 y el alcoholismo crónico7, no configuran necesariamente la incapacidad de culpabilidad. En los casos de debilidad mental u oligofrenia superficial, habrá inimputabilidad o no dependiendo del grado de insuficiencia y las exigencias intelectuales que las características del hecho sometido a juzgamiento requieran para la comprensión de la antijuridicidad de la conducta.

La fórmula legal no exige que el sujeto se encuentre privado por completo de la capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta o de obrar conforme a ese conocimiento, circunstancia que necesariamente requerirá una redacción legal notoriamente diferente a la actual, que se refiere al que “no haya podido”…comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones”. Es por ello que resulta acertado sostener que la única regla que puede enunciarse acerca de la intensidad de la perturbación psíquica necesaria para provocar inculpabilidad por inimputabilidad es que esta no requiere una imposibilidad absoluta o total de la comprensión de la antijuridicidad, sino que basa con un estado en que la persona deba hacer un esfuerzo para la comprensión de la antijuridicidad que no le sea jurídicamente exigible8.

El grado de dificultad del agente para comprender la criminalidad de su conducta o adecuar su acción a dicha comprensión surge de la intrínseca relación entre la intensidad de la afectación de la conciencia –en cuanto a su capacidad de percepción y a su capacidad de internalizar valores y discriminar conforme a ellos- y la capacidad que exige la comprensión del ilícito atribuido, teniendo en cuenta las particulares circunstancias fácticas del caso. En base a ello el juez debe determinar si el esfuerzo necesario para la comprensión del injusto resulta jurídicamente exigible, cuestión que no responde a fórmulas precisas o matemáticas y, en definitiva, queda librado a la razonable valoración del magistrado, con la única salvedad que no podrá exigir la absoluta imposibilidad de comprensión de la antijuridicidad.

1.4- El momento de la inimputabilidad: El texto legal resulta claro: no es punible…el que no haya podido en el momento del hecho…comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones.

En nuestro derecho solo puede atribuirse responsabilidad penal por la comisión u omisión de un acto expresamente previsto en la ley penal, que además resulte contrario al derecho –antijurídico- y haya sido perpetrado culpablemente, lo que exige la acción de un sujeto capaz en el momento del hecho –imputable-. Es decir, la responsabilidad penal no puede fundarse en base a elementos objetivos, pues resulta necesaria la existencia de los presupuestos subjetivos: la imputabilidad y la culpabilidad Así lo impone la vigencia del principio nullum crimen, nulla poena sine culpa, que impide la aplicación del principio versari in re ilícita, que permite atribuir responsabilidad penal al autor que se halla en “cosa ilícita”, aún por un resultado fortuito.

Sin embargo, se ha considerado que es posible imputar el hecho al agente si ha procurado o aceptado libremente un estado de inculpabilidad para cometer un delito. Para ello, se recurre a la teoría de la actio libera in causa9, que retrotrae el juicio de responsabilidad al momento en que el sujeto actúa libremente colocándose en situación de inculpabilidad. A modo de ejemplo podemos pensar en el caso de aquellas personas que en tiempo y circunstancias ineludibles y precisas deben realizar por razón de oficio, empleo, etc. tareas delicadas o peligrosas que les exigen pleno dominio de la mente y del cuerpo (lo que supone el deber jurídico –contractual, legal, etc.- de no procurar o aceptar colocarse en estado de inculpabilidad). En dicha situación se encuentran el conductor de un tren, el chofer de un taxi, remis o colectivo, el guardavidas, el médico, etcétera.

1.5- Imputabilidad disminuida: Tal como surge de su denominación, la imputabilidad disminuida supone una capacidad psíquica de culpabilidad que, a su vez, resulta inferior a la que puede alcanzar otra persona al cometer el mismo injusto o incluso ella misma en otro momento. Un ejemplo de ello lo tenemos en los denominados estados de emoción violenta a los cuales el legislador le asigna una pena menor teniendo en cuenta el estado de perturbación de la conciencia que, sin llegar a alcanzar la inimputabilidad, dificulta la comprensión de la antijuridicidad; se trata sin dudas de un caso de culpabilidad disminuida.

1 Frías Caballero, Jorge, Capacidad de culpabilidad penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1994, p. 40.

2 CNCrim y Correcc., Sala I, 22/5/90, “Ulman, Alejandro I.”, JA, 1990-IV-125.

3 Arce Aggeo, Miguel A., Sistema del delito. Una visión del derecho penal desde la teoría de los sistemas y la ontología del lenguaje, 1° ed., Universidad, Buenos Aires, 2006, p. 399.

4 Zaffaroni, Alagia, Slokar, ob. cit. p. 701.

5 CPenal, Rosario, Sala II, “V., R.”, 12/4/89, JA, 1992-IV-Síntesis.

6 CNCrim. Y Correc. Sala I, 27/2/91, “Ruíz, Gustavo C.”, y 20/8/91, “Coppola, Miguel A.”, Boletín de jurisprudencia, n° 4, 1991.

7 SCJ, Mendoza, Sala II, 28/4/89, “Fiscal v/Becerra, José L.”.!

8 Zaffaroni – Alagia – Slokar, ob. cit., p. 702.

9 Se denomina actio libera in causa a aquella acción que no era libre en el momento de su realización, pero sí en un momento anterior; por ejemplo si el sujeto se provocó un trastorno mental transitorio con el propósito de delinquir; Cerezo Mir, ob. cit, p. 887